son normas con condición de aplicación abierta o implícita y necesitadas por tanto de concreción para su aplicación, que se lleva a cabo a través de la ponderación

es quella que según su tenor literal se aplica a menos supuestos de los que debería atendiendo a su justificación subyacente

Con arreglo a la primera, la ponderación resuelve solo un caso concreto, mientras que con arreglo a la segunda resuelve una clase de casos.

Si existen o no alternativas menos gravosas e igualmente idóneas para alcanzar el fin legítimo.

Se sostiene que hay en ella suprainclusividad, que es admisible su corrección y la interpretación restrictiva la corrige.

normas en la esfera del derecho privado que no sean excepciones o temporales ni de carácter sancionador ni contengan enumeraciones taxativas (ni cerradas) ex lege

son admisibles si se aplican a normas que establecen tipos penales o circunstancias agravantes

no se permite en ningún caso al juez inaplicar una norma vigente, aunque quepa decir que las valoraciones sociales han cambiado y ya no se corresponden con la solución normativa en vigor

se emplea justificadamente cuando se usa entre normas de un mismo cuerpo legal o, en todo caso, pertenecientes a un mismo sector del ordenamiento

es una forma de argumentación finalista encaminada a la superación del formalismo, a partir de un cierto modo de tomar en cuenta la relación medios-fines

implica que en el momento de la valoración de la prueba el juzgador únicamente está sujeto a las reglas generales de racionalidad epistémica

en la prueba indirecta o indiciaria hay una mayor distancia inferencial entre el medio de prueba y el hecho a probar, lo que no implica que la prueba indirecta o indiciaria sea necesariamente más insegura que la prueba directa

que puesto que al derecho le importa cómo queda distribuido el riesgo del error, el estándar probatorio que ha de satisfacerse es distinto para diferentes sectores del derecho

Sí, se podría decir que, a diferencia de lo que ocurre con el juez constitucional, para el juez ordinario el uso legítimo de la ponderación tiene un carácter excepcional, y esto se debe a la diferencia en los roles y funciones que ambos jueces desempeñan en el sistema judicial. El juez constitucional tiene la responsabilidad de resolver casos que implican la interpretación y protección de derechos fundamentales y principios constitucionales. En este contexto, la ponderación se convierte en una herramienta común y necesaria para equilibrar derechos fundamentales en situaciones de conflicto, ya que la constitución exige que se encuentren soluciones que respeten, en la medida de lo posible, todos los derechos en juego. Así, en el ámbito constitucional, la ponderación no solo es habitual, sino también una parte esencial del análisis de casos. El juez ordinario, en cambio, se enfoca principalmente en la aplicación de las normas legales ordinarias y no en la interpretación directa de los principios constitucionales. Los casos ante jueces ordinarios suelen ser más específicos y técnicos, con una mayor referencia a normas de derecho civil, penal, laboral, entre otras, que no requieren una intervención en la interpretación de principios constitucionales abstractos. Por tanto, el uso de la ponderación en estos casos es más excepcional, ya que, generalmente, el juez debe aplicar la norma de forma clara y precisa, sin la necesidad de hacer un balance entre principios fundamentales. El uso de la ponderación podría estar justificado en casos donde exista una colisión entre normas o principios, pero no es algo habitual ni la herramienta central del análisis en el ámbito ordinario. El recurso a la ponderación por parte del juez ordinario es, por lo tanto, excepcional en el sentido de que la frecuencia con la que lo emplea debe ser baja. Aunque el juez ordinario debe ponderar en algunos casos, no se trata de una técnica de uso cotidiano. La pregunta que surge es por qué, en un caso determinado, se debe desarrollar un juicio de ponderación. El primer supuesto en que un juez ordinario recurre a la ponderación es cuando no existen reglas específicas y se requiere la aplicación directa de principios. En virtud de un “juicio de prevalencia”, el juez puede concluir que, para determinadas situaciones, está permitido optar por una u otra solución. Sin embargo, muchas veces la solución ya está determinada por la mera aplicación de las reglas legales específicas. A pesar de esto, en algunos casos pueden existir reglas específicas, pero aún así el juez debe: Determinar si es aplicable alguna excepción prevista en las normas de forma genérica. Decidir si procede o es pertinente realizar una interpretación correctora de la norma. Las consecuencias de un juicio de ponderación son relevantes y deben ser cuidadosamente consideradas por el juez ordinario. Este no puede hacer una interpretación de la norma conforme a la Constitución Española (CE) que conduzca a una solución distinta o contradictoria. Cuando se pone en cuestión la validez de una regla, y esta tiene rango de ley, el juez no puede inaplicarla directamente por su propia autoridad ni sortearla sin justificación. Por lo tanto, las consecuencias de desarrollar un juicio de ponderación serían, en este caso: Poner en cuestión la validez de una norma. Fundamentar una interpretación correctora, pero no declarativa de la norma. En definitiva, el uso legítimo de la ponderación por parte del juez ordinario es más restrictivo y excepcional, ya que su ámbito de intervención está delimitado por la necesidad de aplicar de manera coherente las normas y principios legales, sin que se comprometa la estabilidad y validez del ordenamiento jurídico.